El Ministerio Público (MP) ejecutó este martes cuatro allanamientos de morada y además puso en marcha acciones de privación de dominio sobre bienes de supuesto origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones, como parte de una nueva línea de investigación vinculada al proceso por lavado de activos contra el gerente de esa entidad, Iván Abad Velásquez.
De acuerdo con la información oficial, las diligencias surgen luego de que un juez le otorgara al imputado medidas distintas a la prisión preventiva, decisión que abrió nuevas indagaciones sobre la procedencia y legalidad de los bienes ofrecidos para garantizar su permanencia en libertad.
Fianza de L25 millones bajo la lupa
Según el Ministerio Público, Iván Abad Velásquez ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés.
No obstante, durante las investigaciones se detectó que dichas propiedades no estarían inscritas a nombre del acusado, sino de terceras personas, entre ellas su actual pareja, así como otros particulares, lo que ha despertado sospechas sobre un posible esquema para ocultar o desviar bienes.
Bienes habrían sido sobrevalorados
Las autoridades también señalaron que los inmuebles presentados como garantía fueron valorados en aproximadamente 15 millones de lempiras, aunque ese monto no correspondería a su valor real de mercado.
La investigación preliminar apunta a que las propiedades están situadas en zonas de baja plusvalía y además carecen de mejoras significativas, por lo que el valor reportado estaría inflado, situación que ahora forma parte de las pesquisas patrimoniales y financieras del caso.
MP profundiza línea patrimonial
Con los allanamientos y las acciones de privación de dominio, el Ministerio Público busca determinar si los bienes ofrecidos como caución tienen origen lícito y si fueron utilizados para simular capacidad económica o respaldo patrimonial dentro del proceso judicial.
El caso Koriun Inversiones continúa bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en el rastreo de activos, propiedades y posibles vínculos con otras personas involucradas en la estructura financiera del acusado.