El representante de las importadoras de cemento, Wilson Pineda, cuestionó la nueva normativa impulsada por el gobierno hondureño, asegurando que las disposiciones prácticamente expulsarían del mercado a las empresas importadoras del rubro.
Según explicó, el plazo de apenas dos meses establecido para importar y distribuir cemento resulta inviable debido al tiempo que requiere la producción y el traslado del producto desde Asia hasta Honduras.
Pineda advirtió que la medida podría provocar la pérdida de entre 4 mil y 4,500 empleos directos e indirectos vinculados a la cadena de importación y distribución del cemento en el país.
“El tiempo no ajusta para producir, transportar y comercializar el cemento. Esto pone en riesgo miles de trabajos”, señaló.
Asimismo, lanzó fuertes críticas contra el sector político y empresarial, al asegurar que existirían intereses detrás de la regulación.
“Los políticos son los mismos dueños”, afirmó Pineda, en referencia a las empresas cementeras nacionales, sugiriendo que la normativa favorecería a determinados grupos económicos.
Las declaraciones surgen en medio del debate por las nuevas reglas aplicadas al mercado del cemento, tema que ha generado preocupación entre importadores y sectores vinculados a la construcción.