La pregunta parece técnica, pero ya desató una tormenta política en Estados Unidos: ¿cómo deben usar la inteligencia artificial (IA) las aseguradoras de salud? La respuesta ha alineado en un mismo frente al gobernador republicano Ron DeSantis y al gobierno demócrata de Maryland, ambos en desacuerdo con la postura del presidente Donald Trump y del gobernador de California, Gavin Newsom.

La regulación de la IA, especialmente en el sector de los seguros médicos, está rompiendo las líneas partidarias tradicionales. Mientras desde la Casa Blanca se impulsa una adopción amplia de esta tecnología —incluyendo su uso en procesos como las autorizaciones previas de Medicare— también se intenta frenar a los estados que buscan imponer límites.

En diciembre, Trump firmó una orden ejecutiva orientada a invalidar la mayoría de los esfuerzos estatales para regular la IA, bajo el argumento de que Estados Unidos enfrenta una “carrera por la supremacía” tecnológica. El documento sostiene que las empresas estadounidenses deben innovar “sin regulaciones engorrosas” y advierte que un exceso de normas estatales podría frenar el desarrollo.

Sin embargo, varios estados han decidido avanzar por su cuenta. Arizona, Nebraska y Texas, junto con Maryland, aprobaron el año pasado leyes para limitar el uso de la IA en seguros de salud. Antes ya lo habían hecho Illinois y California. En Rhode Island se prepara un nuevo intento legislativo tras un proyecto fallido en 2025, mientras que en North Carolina surgió interés bipartidista en exigir que la IA no sea la única base para decidir sobre coberturas médicas.

DeSantis, exaspirante presidencial republicano, presentó una “Carta de Derechos de la IA” que incluye restricciones en la tramitación de reclamos y la obligación de que un regulador estatal supervise los algoritmos utilizados por las aseguradoras. “Tenemos la responsabilidad de garantizar que las nuevas tecnologías se desarrollen de forma moral y ética”, afirmó en su discurso anual.

La desconfianza ciudadana alimenta el debate. Una encuesta de Fox News realizada en diciembre reveló que el 63% de los votantes se declara “muy” o “extremadamente” preocupado por la IA, con cifras similares entre demócratas y republicanos.

A esto se suma el malestar por las prácticas de las aseguradoras. Un sondeo de KFF mostró amplio descontento en temas como las autorizaciones previas. Investigaciones de ProPublica y otros medios han documentado el uso de algoritmos para rechazar rápidamente reclamos o solicitudes médicas, presuntamente con escasa revisión profesional.

En enero, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes citó a ejecutivos de grandes aseguradoras como Cigna y UnitedHealth Group para responder por el aumento de costos y el uso de tecnología en la gestión de reclamos.

Ante los legisladores, los ejecutivos negaron que la IA se utilice para denegar coberturas. “Nunca se utiliza para una denegación”, aseguró David Cordani, director ejecutivo de Cigna. La empresa, al igual que otras del sector, enfrenta demandas relacionadas con sus métodos para rechazar reclamos.

El debate apenas comienza. En medio de una carrera tecnológica global, Estados Unidos se enfrenta a una pregunta incómoda: ¿innovar sin freno o regular para proteger a los pacientes? La respuesta, por ahora, no entiende de partidos.