El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, *impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Seguridad* , orientadas a fortalecer las capacidades del Estado para combatir la extorsión, las maras, el terrorismo criminal y las estructuras delictivas que afectan a miles de familias, comerciantes, transportistas y emprendedores hondureños.
Las nuevas medidas fortalecen las herramientas legales, tecnológicas, operativas y de inteligencia del Estado hondureño para enfrentar delitos vinculados a extorsión, crimen organizado, terrorismo, tráfico de armas y control territorial ejercido por estructuras criminales.
Uno de los cambios más importantes aprobados por el Congreso Nacional incrementa las penas por extorsión de 10 a15 años a 15 a 20 años de prisión, manteniendo además la prisión perpetua cuando producto del delito se cause la muerte de una persona.
La reforma amplía también las modalidades del delito, incluyendo amenazas directas o indirectas, uso de medios electrónicos, coordinación desde el extranjero, transacciones financieras ilícitas y participación de estructuras criminales organizadas.
Dentro de las reformas, se incorporan nuevas agravantes, entre ellas:
Provocar el cierre temporal o definitivo de negocios;
Utilizar menores de edad;
Hacerse pasar por autoridades policiales o militares;
Cometer extorsión desde el extranjero y
Aprovechar relaciones familiares, laborales o de confianza para cometer el delito.
Autoridades podrán actuar sin necesidad de denuncia*
Las reformas establecen además que la extorsión pasa a ser un delito de acción pública, permitiendo que el Ministerio Público y las autoridades competentes puedan iniciar investigaciones y procesos penales aun cuando la víctima no presente denuncia formal.
La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al miedo, amenazas o represalias que muchas víctimas enfrentan al denunciar estructuras criminales.
Maras y pandillas serán consideradas organizaciones terroristas*
El nuevo marco legal amplía la definición de asociación terrorista e incorpora elementos relacionados con violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial y coerción sobre comunidades y sectores económicos.
Las reformas incluyen expresamente a maras, pandillas y estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico dentro de las figuras susceptibles de ser consideradas organizaciones terroristas, conforme a las determinaciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Asimismo, se incorpora como finalidad terrorista:
Generar terror en la población;
Controlar territorios;
Obtener recursos ilícitos y
Obligar a autoridades nacionales o internacionales a actuar bajo intimidación o violencia.
Creación la Agencia Nacional Contra el Crimen*
Como parte de las nuevas disposiciones incorporadas al decreto, se crea la Agencia Nacional Contra el Crimen, una instancia coordinada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad encargada de coordinar acciones estratégicas entre todas las instituciones de seguridad, inteligencia e investigación criminal del Estado.
La nueva estructura permitirá fortalecer la integración de información criminal vinculada a registros telefónicos, bancarios, financieros y billeteras electrónicas relacionadas con investigaciones del crimen organizado.
Información en tiempo real para investigaciones criminales*
Las reformas obligan a empresas de telecomunicaciones, redes tecnológicas, servicios financieros y bancarios a suministrar información requerida por autoridades judiciales dentro de plazos establecidos por ley.
La normativa establece:
Hasta 24 horas para información relacionada con intervención de comunicaciones;
10 días hábiles para sistemas financieros;
Suministro inmediato o en tiempo real para investigaciones en desarrollo vinculadas a redes tecnológicas.
Asimismo, estas empresas deberán crear unidades permanentes de atención que operen incluso en días y horas inhábiles.
Modernización penitenciaria será prioridad nacional
Las nuevas disposiciones declaran de interés público y seguridad nacional la ampliación y modernización del sistema penitenciario hondureño.
El Instituto Nacional Penitenciario podrá realizar contrataciones directas para diseño, construcción y equipamiento de nuevos centros penales, mientras que la Secretaría de Finanzas queda autorizada para gestionar préstamos, fondos especiales o emisión de bonos destinados al fortalecimiento del sistema carcelario nacional.
Con estas reformas, el Gobierno del Presidente Nasry Asfura fortalece la capacidad del Estado hondureño para combatir estructuras criminales, proteger a las familias hondureñas y recuperar la seguridad y tranquilidad en todo el país.