El gobierno de Nasry Asfura ya tiene vía libre para avanzar en la contratación directa de placas vehiculares, luego de que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta el decreto ejecutivo que autoriza la provisión de placas de todo tipo, así como la adquisición de equipo tecnológico para su control y monitoreo.
La medida también contempla la implementación de lectores vehiculares, arcos de lectura de placas para carreteras, comunidades, aduanas y puntos fronterizos, además de obras, bienes, servicios, infraestructura tecnológica y plataformas de tecnología de la información, incluyendo servidores, enlaces de comunicación, licencias y sistemas informáticos. Todo esto, según el decreto, con el objetivo de erradicar la mora acumulada en el suministro de placas vehiculares durante los últimos tres años y asegurar un abastecimiento “continuo e ininterrumpido” en los próximos años.
De acuerdo con lo publicado, la contratación deberá realizarse con fabricantes directos de los sistemas y elementos requeridos, limitando la participación de intermediarios o representantes locales, salvo en casos de representaciones regionales. Además, se exige mantener los estándares de seguridad y tecnología ya vigentes en el Sistema Nacional de Placas, así como garantizar la interoperabilidad con plataformas del Instituto de la Propiedad (IP), municipalidades, aduanas, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaría de Seguridad.
La publicación del decreto se da en medio de una crisis prolongada por la falta de placas metálicas en el país. Según reportes divulgados este fin de semana, solo en vehículos particulares y motocicletas el rezago superaba las 700 mil unidades, mientras que el gobierno ha adelantado que busca adquirir al menos 800 mil placas para responder a la demanda nacional.
El presidente Asfura ya había anunciado previamente que una empresa alemana instalaría una planta en Honduras para producir las placas, mientras se cubre la demanda inicial con suministro proveniente de otras fábricas del mismo grupo en el extranjero.
Aunque la medida es presentada por el Ejecutivo como una solución urgente a un problema que se arrastra desde hace varios años, la decisión de acudir a la contratación directa seguramente volverá a encender el debate sobre transparencia, fiscalización y control del gasto público. Porque en Honduras, cuando aparece la frase “compra directa”, más de uno saca la calculadora… y otro tanto la lupa.