La reciente derogación total del Fondo Social Departamental, celebrada por sectores del Partido Nacional y el Partido Liberal, ha generado cuestionamientos ante la continuidad de prácticas similares desde el Poder Ejecutivo.
Diversas voces señalan que, pese a la eliminación del mecanismo legislativo, actualmente se estarían transfiriendo miles de lempiras desde Casa Presidencial. El propio presidente Nasry Asfura confirmó que continuará realizando estas asignaciones, argumentando que se trata de una facultad inherente a su cargo.
La polémica se intensificó luego de que la diputada Iroshka Elvir denunciara que legisladores liberales, por iniciativa de Jorge Cálix, habrían recibido transferencias de hasta 100 mil lempiras.
El tema revive cuestionamientos previos sobre el uso de recursos públicos, particularmente tras las denuncias que involucraron a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde se señaló el uso de fondos para fines políticos y actos de corrupción.
Analistas y sectores de sociedad civil advierten una aparente contradicción en el discurso político, al celebrar la eliminación de un fondo cuestionado mientras se justifican nuevas transferencias desde el Ejecutivo, lo que reabre el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos del Estado.