El Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que busca brindar mejores condiciones de financiamiento, refinanciamiento de deudas y protección ante riesgos climáticos a miles de productores hondureños.
La nueva normativa surge como respuesta a los desafíos que enfrenta el sector agropecuario debido a los efectos del cambio climático, el aumento de los costos de producción, el encarecimiento de los combustibles y las dificultades para acceder a créditos.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, destacó que la ley permitirá a los productores readecuar sus obligaciones financieras hasta por un período de 15 años, facilitando la recuperación de sus actividades productivas y el acceso a nuevos financiamientos.
“Esta ley responde a una necesidad real del sector productivo. No es un alivio temporal, sino una solución para recuperar el acceso al crédito y mantener la producción”, afirmó el funcionario.
La legislación beneficiará a productores agropecuarios, empresas asociativas campesinas, salineros, arroceros y pequeños y medianos camaroneros que mantienen créditos en mora o cuotas vencidas dentro de los plazos establecidos.
Uno de los componentes más relevantes de la normativa es la creación de un seguro agropecuario destinado a cubrir pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos y otros riesgos que afectan la producción.
Según Molina, el Gobierno destinará 100 millones de lempiras para subsidiar hasta el 80 % del costo de las primas de estos seguros, permitiendo que más productores accedan a mecanismos de protección financiera.
“Este seguro permitirá a los productores cumplir sus compromisos y sostener su actividad aun en situaciones de pérdida”, señaló.
Además del alivio financiero, la ley forma parte de una estrategia integral para fortalecer el agro hondureño mediante asistencia técnica, acceso a mercados, garantías crediticias e inversiones en infraestructura de riego.
La propuesta fue elaborada por la SAG y socializada con diversos sectores productivos e instituciones, entre ellas la Plataforma Agroalimentaria, la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Comisión de Agricultura del Congreso Nacional.
La aprobación unánime de la iniciativa refleja el respaldo político y sectorial a las medidas destinadas a impulsar la producción agrícola y garantizar la sostenibilidad económica de miles de familias que dependen del campo hondureño.