El Congreso Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Penal y Procesal Penal que endurece drásticamente las penas contra maras y pandillas, en una de las medidas más severas impulsadas en los últimos años contra el crimen organizado en Honduras.
Con las nuevas disposiciones, el delito de extorsión pasa a ser considerado de máxima gravedad y las estructuras criminales serán tratadas oficialmente como organizaciones terroristas, permitiendo ampliar la persecución penal contra todos los involucrados en estas redes.
Las reformas también apuntan contra quienes colaboren directa o indirectamente con las maras, incluyendo personas que entreguen amenazas, faciliten cuentas bancarias, oculten dinero ilícito o participen en movimientos financieros vinculados a actividades criminales.
Durante el intenso debate legislativo, el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, defendió las reformas y aseguró que el Estado debía actuar con contundencia. “No podíamos permitir que el delincuente siga arruinando a Honduras”, expresó en el hemiciclo.
Los diputados que respaldaron las modificaciones sostienen que las medidas buscan frenar el poder económico y territorial de las pandillas, golpeando no solo a los cabecillas, sino también a toda la estructura operativa y financiera que sostiene las actividades ilícitas.
El paquete de reformas genera expectativa por el impacto que podría tener en la lucha contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y familias hondureñas.