El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló presuntas irregularidades en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), tras detectar la autorización de un préstamo de 26 millones de lempiras a una empresa bajo administración estatal utilizando fondos que, según el informe, no pertenecían a la institución.
De acuerdo con la investigación, el dinero provenía de otra sociedad mercantil también incautada y que aún se encontraba bajo proceso judicial, lo que podría representar un manejo indebido de recursos administrados por el Estado.
El CNA señaló posibles responsabilidades penales contra el exdirector ejecutivo de la OABI, Marco Antonio Zelaya, así como otros funcionarios involucrados en la aprobación de las transferencias. Entre las anomalías detectadas figuran la ausencia de estudios de factibilidad, falta de garantías para recuperar el dinero y expedientes sin respaldo documental completo.
El organismo anticorrupción advirtió además que, pese a haber transcurrido más de un año desde la entrega de los fondos, el dinero no ha sido devuelto, aumentando las sospechas de mala administración, abuso de autoridad y posibles actos de corrupción dentro de la institución.
El CNA pidió a las autoridades competentes profundizar las investigaciones y deducir las responsabilidades correspondientes para esclarecer el manejo de los recursos públicos y garantizar transparencia en la administración de bienes incautados.