El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) manifestó su preocupación por los recientes acontecimientos institucionales en el país, específicamente la realización del juicio político al fiscal general de la República y la renuncia de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Según el organismo, estos hechos constituyen una reconfiguración del poder institucional con implicaciones directas sobre el Estado de derecho. CESPAD advierte que la coincidencia temporal de ambas decisiones podría representar una alteración del equilibrio constitucional entre los poderes del Estado, al emplear mecanismos que, aunque formales y legales, podrían estar siendo desnaturalizados en su propósito original.
La organización llamó a la sociedad y a los actores políticos a mantener vigilancia sobre el respeto a la institucionalidad, enfatizando la necesidad de que las acciones de gobierno se realicen dentro de los límites constitucionales y con transparencia.
Este análisis se suma a un contexto de creciente debate sobre la independencia de los órganos del Estado y la integridad de los procesos legales en Honduras.