El Congreso Nacional de Honduras determinó la anulación de al menos 180 contratos y nombramientos laborales realizados durante la gestión de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando.
La decisión se da en el marco de una reconfiguración institucional impulsada por el Poder Legislativo, ahora presidido por Tomás Zambrano, que aprobó la creación del Consejo de la Judicatura, órgano que asume funciones clave en la administración del sistema judicial.
Como parte de las nuevas disposiciones, se otorgó facultad al actual presidente de la Corte Suprema, Wagner Vallecillo, para realizar nombramientos interinos en los cargos que quedaron vacantes, con el objetivo de evitar vacíos operativos dentro del Poder Judicial.
Asimismo, la normativa establece que, en adelante, los procesos de nombramientos, ascensos, traslados y permutas de jueces, magistrados, defensores públicos y personal administrativo deberán contar con el respaldo de al menos la mitad más uno de los magistrados del pleno, reforzando así el control colegiado en la toma de decisiones.
Estas medidas forman parte de una serie de cambios orientados a redefinir la estructura y gobernanza del sistema judicial hondureño, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de decisiones adoptadas en administraciones anteriores.